Europa busca un equilibrio entre la protección de los niños y la privacidad en internet.

En el discurso anual sobre el estado de la Unión, pronunciado el 16 de septiembre ante el Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen anunció las restricciones más estrictas hasta la fecha al acceso de los menores a las redes sociales. La fórmula que presentó la presidenta de la Comisión Europea es sencilla: nada de redes sociales antes de los 13 años y nada de cuenta propia antes de los 15. Al día siguiente la Comisión publicó también la propuesta legislativa, con la que la carga de la prueba se traslada de los reguladores a las propias plataformas. En lugar de que las autoridades prueben daños durante años, las empresas tendrían que demostrar de antemano que sus servicios son seguros para los niños, de lo contrario se enfrentarían a fuertes multas.

Los niños de entre 13 y 15 años podrían usar solo las llamadas minicuentas, que abren y supervisan los padres, con funciones limitadas y un tope de tiempo diario frente a la pantalla. Para los jóvenes de 16 y 17 años las plataformas tendrían que proporcionar contenidos más seguros. Para todos los menores, en cambio, quedarían prohibidos los mecanismos que fomentan la adicción, como el desplazamiento infinito, las notificaciones artificiales y las recomendaciones que arrastran al usuario cada vez más hondo hacia contenidos similares. El alcance es amplio: además de las redes sociales, las normas se aplicarían también a las plataformas de vídeo, los juegos en línea e incluso a los chatbots con inteligencia artificial. La supervisión se financiaría con una tasa especial, que pagarían las propias plataformas.

La cuestión clave, sin embargo, es técnica: ¿cómo comprobar la edad y al mismo tiempo no poner en peligro la privacidad? Bruselas desarrolla una aplicación vinculada a la cartera europea de identidad digital, en la que el usuario sube un documento una sola vez. Después la aplicación solo confirma si este ha alcanzado la edad requerida, sin guardar una copia del documento. Los críticos, entre ellos también organizaciones de derechos digitales, advierten de que la comprobación afectaría inevitablemente también a los adultos. Según ellos, la decisión sobre qué es seguro puede fácilmente convertirse en un control sobre los contenidos que la gente ve y comparte.

La presión por una solución europea común crece también porque algunos Estados ya han emprendido su propio camino. Australia prohíbe desde diciembre de 2025 las cuentas en redes sociales a los menores de 16 años, mientras que Grecia, España y Dinamarca preparan sus propias medidas. El ejemplo francés, por su parte, muestra cuán estrecho es el margen jurídico. El Parlamento en París aprobó en julio una prohibición para los menores de 15 años, pero el Consejo Constitucional la anuló en agosto. Según la decisión, la prohibición suponía una injerencia desproporcionada en la libertad de expresión, y la ley no protegía suficientemente la privacidad en la comprobación de la edad.

La preocupación no es nueva: padres, profesores y médicos advierten desde hace años sobre el impacto de las pantallas en el sueño, la atención y la salud mental de los jóvenes. Los defensores de la propuesta sostienen que el enfoque actual, en el que los reguladores investigan a las plataformas una por una, era sencillamente demasiado lento. Los escépticos, por su parte, se preguntan si los niños no encontrarán una manera de eludir las restricciones, como han hecho a menudo hasta ahora.

La propuesta todavía tiene que pasar por el largo proceso legislativo, en el que el Parlamento Europeo y los Estados miembros negociarán cada disposición. Incluso si se aprueba, podrían pasar años hasta su aplicación. Hasta entonces Europa tendrá que responder a la pregunta a la que Francia no logró responder: ¿cómo proteger a los niños y no restringir los derechos de todos?